Anti-soborno en Brasil: Un resumen del año 2016

^[1]La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada o revisada por el autor.

Han habido muchos desarrollos en Brasil en cuanto al área de anti-soborno y cabe destacar varios de estos. Esta publicación destaca 5 desarrollos relevantes que ocurrieron en el 2016. Otros desarrollos relevantes serán resumidos en la siguiente publicación.

La Operación Lava Jato sigue avanzando. La Operación Lava Jato inicialmente empezó en marzo del 2014. Solo en el 2016, 17 operaciones especiales fueron llevadas a cabo por el grupo operativo de los fiscales federales y 20 cargos criminales fueron hechos que estaban conectados a: la corrupción, el lavado de dinero, la conspiración y los delitos conexos. En el 2015, 15 operaciones especiales fueron llevadas a cabo y 15 cargos fueron hechos. En el 2014, 8 operaciones especiales fueron llevadas a cabo y 17 cargos criminales fueron hechos. En total, desde diciembre de 2016, el Lava Jato resultó en:

• 1,434 diferentes procedimientos
• 182 ordenes de arresto
• 730 mandatos de registro e incautación
• 71 acuerdos judiciales firmados con individuos
• 7 acuerdos de indulgencia firmados con compañías
• 259 individuos fueron objetos de acusaciones penales
• Alrededor de US$3.10 mil millones fue recuperado (incluyendo una cantidad que se espera recuperar pronto)
• 98 solicitudes de cooperación fueron enviadas a 31 países
• 22 solicitudes de cooperación fueron recibidas de 13 países

Cabe observar que la Operación Lava Jato no está relacionada únicamente con las compañías que están en las industrias de petróleo y gas. Las compañías que forman parte de otras industrias así como las de mercadeo y las de tecnología de información, por ejemplo, también han sido implicadas. Varias declaraciones de cooperación fueron firmadas a finales del 2016 y de acuerdo a los medios locales, hay un grupo de cooperadores que están esperando negociar los acuerdos judiciales. En base a esto, se espera ver nuevos desarrollos en el 2017.

Diez medidas contra la corrupción. La Fiscalía Federal de Brasil puso en marcha una campaña en el 2015 dedicada a cerrar filas en cuanto a la corrupción, la cual propuso diez medidas. La iniciativa se conoce como “10 medidas contra la corrupción ^[2]” y en marzo del 2016, esta obtuvo más de dos millones de firmas por parte de partidarios en el país (un resumen de las medidas propuestas se pueden encontrar aqui ^[3] y aqui ^[4]). Esta luego fue enviada al congreso como un proyecto de iniciativa popular. A finales de noviembre del 2016, la Cámara de Representantes aprobó una versión de las diez medidas que era considerablemente diferente a la original. De acuerdo a los Fiscales Federales, los cambios a las medidas se convirtieron en algo tan débil que el grupo de operaciones de la Operación Autolavado amenazó retirarse del caso. A mediados de diciembre, la corte suprema de Brasil determinó que la Cámara de Representantes no había seguido un proceso legislativo y consecuentemente, ordenó que la Cámara de Representantes analice y vote por las medidas una segunda vez. Se espera que discusiones sobre las diez medidas continúe en el año 2017.

Un aumento en el impacto de la FCPA en Brasil. En octubre del 2016, la primera compañía brasileña fue sancionada en los Estados Unidos por sus violaciones de la FCPA. Embraer pagó $205 millones para resolver los cargos de infracción a la ley FCPA (ver aquí ^[5] y aquí ^[6]). En diciembre del 2016, Odebrecht y Braskem también fueron sancionados en los Estados Unidos por sus violaciones de la FCPA (combinado, el acuerdo FCPA fue de $419.9 millones), como parte de su acuerdo global de $3.5 mil millones con varios países (ver aquí ^[7] y aquí ^[8]). Petrobras y Eletrobras ya habían anunciado públicamente que ellos están siendo investigados en los Estados Unidos también. De conformidad con la información proporcionada por el blog FCPA y desde el 31 de diciembre del 2016, Brasil es el país con la mayor cantidad de referencias y conexiones dentro las investigaciones FCPA que se están llevando a cabo. Se mencionó que Brasil tenía conexión con 19 asuntos, seguido por China el cual tiene 17 asuntos.

El encarcelamiento siguiendo la confirmación por parte de la corte de apelación. Usualmente en Brasil, un individuo iría a la cárcel después de que el juicio ha sido finalizado, lo cual quiere decir que ya no es posible presentar una apelación. De acuerdo a las normas de procedimiento (y además de apelar a una decisión que vino de un juez de distrito con una corte de apelación) los acusados, en principio, podrían todavía apelar con el Tribunal Superior de Justicia (la corte federal más alta de Brasil) y con la Corte Suprema (la corte suprema de Brasil). A menudo, esto convierte el proceso penal en algo que requiere mucho tiempo. De hecho, varios casos tomaron más de diez años para llegar a una sentencia final. Algunos han reclamado que ciertos acusados harían apelaciones con el Tribunal Superior de Justicia y la Corte Suprema solamente para llegar al estatuto de limitación de los casos. En febrero, la Corte Suprema decidió que un acusado puede ser arrestado después de que la condena haya sido confirmada por la corte de apelación, aun en casos en donde las apelaciones están pendientes ante las cortes superiores. La decisión fue confirmada por la Corte Suprema en otro caso que tenía que ver con este mismo asunto en octubre. Es posible que estas decisiones tengan un impacto en cuanto a la influencia de las estrategias de los acusados, animándolos a firmar un acuerdo de apelación en vez de esperar a llegar al estatuto de limitación.

Incentivos y protecciones para los informantes. ENCCLA – Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero de Brasil – es un foro dentro del gobierno brasileño que reúne una a un gran rango de ministerios y agencias que están involucrados en la prevención y combate del lavado de dinero y la corrupción. Miembros de la ENCCLA incluyen a: los policías federales, los fiscales federales, la Contraloría General del Brasil y la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil. A finales del 2016, ENCCLA finalizó un borrador detallado de un proyecto de ley (que están planeando presentar al congreso) que aborda los incentivos y las protecciones de los informantes, incluyendo el permitirles a los informantes tener el derecho de recibir una cantidad que está entre el 10 y 20 por ciento de las multas que se les paga a las autoridades por la denuncia que proporcionó el informante.