[1]La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción fue realizada por el autor. Este es un artículo invitado de Juan Carlos Tristan, abogado en la firma BLP Legal [2] en Costa Rica
La Asamblea de Costa Rica aprobó el pasado 10 de mayo de 2017, la adhesión del país a la “Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales” (“Convención”).
Sin duda un gran paso en la implementación de controles y regulación en materia ética y de anticorrupción, según los más altos y estrictos estándares internacionales; específicamente en cuanto a la penalidad del corruptor (énfasis de dicha Convención). Al amparo de esta Convención, se brindan herramientas para tipificar, prevenir, detectar, investigar y sancionar el cohecho de funcionarios públicos extranjeros, por parte de individuos o empresas costarricenses, en sus transacciones comerciales internacionales.
Esto representa un paso clave en el proceso iniciado por Costa Rica desde el año 2012, para su integración a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”). Para llevar a cabo este proceso, la OCDE le exige a nuestro país llevar a cabo determinados esfuerzos en la implementación de instrumentos y prácticas por parte de los distintos actores de la gestión pública costarricense.
Entre los pasos que ya ha tomado el país se encuentra la aprobación, unos meses atrás, del Proyecto de Reforma al “Delito de Soborno Transnacional”, el cual se tipifica en el artículo 55 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; y ahora la adhesión a la referida Convención de la OCDE.
Lo anterior, es otra muestra del compromiso del país para garantizar la ejecución Plan de Acción sobre los compromisos incluidos en la Hoja de Ruta de OCDE, incluyendo la adhesión a una importante serie de instrumentos legales y el compromiso de someterse a varios exámenes de políticas públicas.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor, a título personal, y no necesariamente representan las opiniones de otra persona, incluidas las entidades a las que está afiliado el autor, sus empleadores, otros contribuyentes, FCPAméricas o sus anunciantes. La información del blog FCPAméricas tiene por objetivo el debate público con fines educativos únicamente. Su intención no es suministrar asesoramiento legal a los lectores y no crea un vínculo abogado-cliente. No se desea describir ni transmitir la calidad de los servicios legales. FCPAméricas anima a sus lectores a solicitar asesoramiento legal calificado con respecto a leyes anticorrupción o cualquier otro asunto legal. FCPAméricas da permiso para enlazar, publicar, distribuir o hacer referencia a este artículo con fines legítimos, siempre que se indique su autor y su relación con FCPAméricas LLC.
© 2017 FCPAméricas, LLC