[1]La versión original de este blog post fue escrita en inglés. Esta publicación fue redactada por nuestro escritor invitado Tony Ji. El Sr. Ji es un estudiante en la Facultad de Derecho de Harvard y trabajó como un asociado de Miller & Chevalier durante el verano del 2017.
Estos últimos años parecen ofrecer menos y menos razones para tener optimismo en los esfuerzos contra la corrupción en Latinoamérica. Dado los numerosos escándalos relacionados con la corrupción, es tentador llegar a la conclusión de que la corrupción se ha empeorado y se ha convertido en algo más común dentro de la región. Sin embargo, un reporte de febrero del 2017 [2]tiene un tono más positivo. Este reporte (que desde aquí en adelante será referido como “El Reporte”) fue escrito por Kevin Casas-Zamora y Miguel Carter quienes forman parte del Inter-American Dialogue. El Reporte se enfoca en la reforma institucional y las actitudes sociales cambiantes – dos factores que han logrado sacar a la luz una gran cantidad de actos corruptos. Además del progreso que se detalle dentro del reporte, las mejoras del cumplimiento corporativo también se consideran como otros desarrollos positivos.
Empezando con las pruebas inmóviles. De acuerdo al Reporte, medidas para ambos niveles de corrupción (percibida y real) han demostrado cero deterioro sistemático en Latinoamérica en los últimos cinco años (comparados a los 5 años precedentes). Así que, ¿Por qué pareciera que ha habido un desencadenamiento de escándalos relacionados con la corrupción cuando el nivel de corrupción, por lo general, se ha mantenido relativamente constante?
El Reporte sugiere que la oleada de escándalos es atribuible al aumento de: la transparencia dentro del sector público, la aplicación de la ley contra la corrupción, la intolerancia pública y nuevos medios de movilización. El Reporte además sugiere que las reformas legales e institucionales (pro-transparencia y pro-responsabilidad) durante la última década han proporcionado nuevas herramientas y estándares normativos para combatir la corrupción lo cual, por ende, ha aumentado la probabilidad de las investigaciones públicas. Si es que son veraces estos puntos de vistas, entonces es posible que dicha oleada de escándalos conlleve aspectos positivos: puede que este sea el fruto de años de desarrollo institucional y que la transformación de la opinión pública, la cual ha dificultado el esconder los sobornos y esquivarse con la impunidad. The Economist lo dice tal cual: “Es una paradoja común: el mundo muchas veces se percata de la corrupción cuando alguien está haciendo algo al respecto. A la misma vez, esto hace que la gente llegue a conclusiones apresuradas y que asuman que las cosas se están empeorando cuando, en realidad, se están mejorando.” (The Economist, 4 de junio, 2016)
Sin embargo, cuando se evalúan independientemente, ninguno de los factores sugeridos dentro de El Reporte parece tener el poder suficiente para desencadenar los movimientos anticorrupción que han arrasado a la región. Por ejemplo, más transparencia gubernamental generaría más información para poder detectar posibles sobornos, pero tal aumento no serviría de nada (en cuanto a los procesamientos) sin un incremento en la capacidad e independencia de las instituciones judiciales. La combinación de las reformas pro-transparencia y de las redes sociales han facilitado el descubrimiento y la difusión de los actos deshonestos. Las redes sociales también han aumentado la intolerancia del público ante los sobornos gracias a las movilizaciones sociales eficaces. Pero sin la aplicación positiva, no puede haber beneficios tangibles al enjuiciar a los individuos corruptos. Es la convergencia de todos estos factores lo que impulsó el aumento de escándalos relacionados con la corrupción.
Entonces, ¿qué pasa después de revelar todos los acontecimientos? ¿Es posible que los negocios corruptos dejen sus relaciones con los líderes políticos y opten por revertir a formas más rutinarias de mala conducta? Para asegurar ganancias a largo plazo en la lucha contra la corrupción, es igual de importante tener medidas preventivas puestas en la fuente de la corrupción. Programas de cumplimiento corporativo pueden ser un complemento importante para las reformas del sector público que fueron presentadas en el Inter-American Dialogue Report, el cual, en la mayor parte, se enfoca en el lado de la demanda de la corrupción.
De acuerdo a la Encuesta de Corrupción Latinoamericana de Miller & Chevalier del 2016 [3] (“Miller & Chevalier Survey”), un número de países Latinoamericanos cada vez mayor está siguiendo el ejemplo de países como los Estados Unidos y el Reino Unido en cuanto a la promoción de los programas de cumplimiento anticorrupción. La Ley de Responsabilidad Penal Corporativa de Chile provee un “puerto seguro” para que las compañías adopten un programa de cumplimiento antes de la comisión del delito. La Ley 1778 de Colombia (Ley de Corrupción Transnacional) considera la existencia de un programa de cumplimiento como un factor atenuante durante el cálculo de las sanciones por parte de las autoridades.
Más y más compañías en Latinoamérica están adoptando medidas anticorrupción frente a los incentivos legales y la presión por parte del mercado. El Miller & Chevalier Survey muestra un aumento en el porcentaje de encuestados cuyas compañías han tomado los pasos necesarios para reducir el riesgo de corrupción (77% en el 2008; 85% en el 2012; 87% en el 2016). Las medidas más comunes entre los encuestados incluyeron a: políticas anticorrupción (82% en el 2016), procedimientos para los regalos, viajes y entretenimiento para funcionarios (71% en el 2016) y capacitación anticorrupción (70% en el 2016). Las políticas de diligencia debida para los terceros han ganado importancia en los últimos años conforme que algunas compañías intentan manejar los riesgos indirectos que surgen a través de sus relaciones con los terceros – un área creciente de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
El esfuerzo por desterrar la corrupción requiere la participación y colaboración por parte de todos los actores. Además del papel que tiene el gobierno, las sociedades civiles y los ciudadanos mencionados en el Inter-American Dialogue Report, las compañías también deberían de cumplir con sus responsabilidades para así desempeñar un negocio honesto. Desarrollos recientes dentro de los programas de cumplimiento corporativo probablemente complementarán las reformas institucionales en el sector público y cambiarán la opinión pública para así cambiar el rumbo de la corrupción en Latinoamérica.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor, a título personal, y no necesariamente representan las opiniones de otra persona, incluidas las entidades a las que está afiliado el autor, sus empleadores, otros contribuyentes, FCPAméricas o sus anunciantes. La información del blog FCPAméricas tiene por objetivo el debate público con fines educativos únicamente. Su intención no es suministrar asesoramiento legal a los lectores y no crea un vínculo abogado-cliente. No se desea describir ni transmitir la calidad de los servicios legales. FCPAméricas anima a sus lectores a solicitar asesoramiento legal calificado con respecto a leyes anticorrupción o cualquier otro asunto legal. FCPAméricas da permiso para enlazar, publicar, distribuir o hacer referencia a este artículo con fines legítimos, siempre que se indique su autor y su relación con FCPAméricas LLC.
© 2017 FCPAméricas, LLC