[1]La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción fue realizada por el autor.
Este es un artículo invitado de Juan Carlos Tristan, abogado en la firma BLP Legal [2] en Costa Rica
Guatemala ha sido conocida por su historia de opresión, violencia extrema, y más recientemente por la corrupción política.
Ahora el pueblo de Guatemala ha reaccionado. La sociedad, motivada indirectamente por la “Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala” (“CICIG”), se ha manifestado en contra de la corrupción, y ha obtenido resultados notables, tal como se describen en este artículo. El descubrimiento de ciertos escándalos de corrupción sensibles en los últimos meses, ha provocado una sucesión de extensas protestas y manifestaciones públicas en Guatemala.
Hasta el momento, Guatemala no ha estado involucrada en ninguna acción relevante de FCPA (a excepción de un acuerdo conciliatorio por los casos del “Shot Show”); no obstante, el país ha sufrido una gran carga en materia de corrupción por un largo tiempo. El índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional del 2014 ha clasificado a Guatemala con un bajo resultado de 32/100, obteniendo la posición 115 entre 175 países.
El escándalo actual – “La Línea”
El martes 1 de septiembre, el Congreso de Guatemala votó unánimemente para despojar al presidente Otto Pérez Molina de su inmunidad debido a los recientes escándalos de corrupción. Como resultado de ello, a Pérez Molina se le restringió la posibilidad de salir del país y se le dictó orden de captura. Al día siguiente, Pérez Molina renunció y posteriormente fue detenido.
Guatemala actualmente se encuentra en medio de uno de los mayores escándalos políticos y sociales de los últimos años. Su sistema político inspira incertidumbre, y sus sistemas sociales y judiciales carecen de estabilidad. Este nuevo escándalo ha afectado el orden político de Guatemala días antes de las elecciones generales de septiembre.
La CICIG ha jugado un papel crucial en los eventos recientes de Guatemala. Ha revelado una red de corrupción en el sector aduanero que implica a altos funcionarios de gobierno. La red de fraude aduanero se conoce como “La Línea“. A través de esta red, el grupo de funcionarios púbicos presuntamente aceptó sobornos a cambio de registrar determinadas mercancías importadas con precios subvalorados.
En concreto, “La Línea” cobraba determinadas sumas a los importadores, a cambio de reducir de manera fraudulenta los impuestos sobre las mercancías que importaban al país. Los importadores que colaboraron con “La Línea” típicamente sólo pagarían alrededor del 40% de los impuestos de importación estipulados. Un 30% se destinaba a “La Línea” (funcionarios públicos parte del esquema), mientras que los importadores se ahorraban el 30% restante. Se presume que los inspectores de contenedores podrían haber recibido alrededor de US$1.000 por semana por participar en este esquema, mientras que toda la red de “La Línea” podría haber obtenido alrededor de US$328.000 por semana.
La investigación ha dado lugar a unos 30 arrestos de alto perfil y obligó a la renuncia de la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti y del presidente Pérez Molina. Recientemente, el fiscal alegó que Baldetti aceptó US$3,7 millones en sobornos como parte del esquema de “La Línea“. Baldetti y Pérez Molina ya han sido detenidos.
Optimismo para la Lucha contra la Corrupción en Guatemala
Un desarrollo notable para Guatemala reside en que en 2007, el gobierno accedió a la creación de la CICIG – una asociación entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala – con el fin de abordar una historia de impunidad, violencia y corrupción en el país. La CICIG fue autorizada para realizar investigaciones e iniciar acciones legales ante los tribunales guatemaltecos.
Las investigaciones de corrupción de la CICIG han alcanzado los más altos niveles de gobierno, y han avanzado con una estrategia notable en contra la corrupción y la impunidad. “La Línea” es sólo un ejemplo de las investigaciones de corrupción recientemente orquestadas por la CICIG.
En particular, la CICIG ha fortalecido a la fiscalía por medio de, entre otras cosas:
- El establecimiento de una unidad con métodos de investigación especializados;
- El establecimiento de un departamento de análisis criminal;
- La implementación de una oficina de protección de testigos;
- La promoción de reformas legales, tales como las leyes de crear tribunales especiales de alto riesgo, la regulación de armas de fuego y municiones, y los permisos para conciliar con la fiscalía (plea bargaining).
En abril de 2015, el Gobierno de Guatemala acordó extender la CICIG por un período adicional de dos años. El actual mandato de la CICIG iba a expirar en septiembre 2015.
El mayor desafío CICIG’s en los próximos dos años es asegurar que las instituciones nacionales tengan la capacitación, las herramientas y la independencia para combatir la impunidad. Para los especialistas en materia de anticorrupción en América Latina, Guatemala seguirá siendo un país para monitorear.
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