[1]Hugo Chávez entró al poder en Venezuela en 1999, montado en una ola de insatisfacción con la élite oligarca corrupta que había gobernado el país por varios años. A pesar de su promesa, la corrupción sigue siendo aparente, y tal vez ha empeorado. El sucesor de Chávez, el presidente Nicolas Maduro, apenas la semana pasada aprobó [2] un conjunto de leyes anticorrupción fortalecidas en el país. Aún así, hoy Venezuela se considera de manera consistente como uno de los países más corruptos del mundo – el quinceavo más corrupto (de 175 países) en el Indice de Percepción de Corrupción del 2013 [3] de Transparencia Internacional. Solo Haití tiene un indice más alto en Latinoamérica.
A través de los años, nuevos tipos de riesgos de corrupción han emergido mientras que Venezuela ha caído en un caos económico y político. Hoy en día, los riesgos FCPA tienden a surgir en formas tangibles e intangibles.
FACTORES DE RIESGO TANGIBLES
Propiedad del Estado a Gran Escala. Si existe una gran cantidad de propiedad estatal en la economía local, se dan más oportunidades para problemas FCPA. A través de los años en Venezuela, el estado empezó a participar en sectores tan diversos como la energía, telecomunicaciones, comida, vestimenta, y automóviles, mediante empresas conjuntas o exportaciones. Este tipo de involucramiento por parte del estado incrementa los roces potenciales que las empresas puedan tener con “autoridades extranjeras”.
Por ejemplo, las empresas que se encuentran en negocios con PDVSA, la compañía petrolera del estado que fue una fuente de pedidos de soborno en la acción de la FCPA contra Pride International [4], se enfrentan frecuentemente a riesgos de corrupción. Los proyectos generalmente se retrasan a causa de la falta de financiamiento, creando la oportunidad para que las autoridades de PDVSA demanden pagos indebidos de las empresas para mantener su cooperación. Frecuentemente, PDVSA se retrasa al realizar los pagos a proveedores de servicios, generando una industria casera de agencias de cobro terceras que pueden ser atractivas para las empresas a las que se les debe miles, si no millones, de dólares.
Controles de moneda. Los controles de cambio de moneda de Venezuela, que fueron diseñados para detener la fuga de capital y la inflación, han creado riesgos de contabilidad, así como riesgos de soborno para empresas. Es común que las empresas busquen formas creativas para sacar su dinero del país. El mercado negro de dólares está prosperando, ya que ofrece hasta diez veces la tasa de cambio principal que ofrece el gobierno. Agentes ofrecen regularmente sus servicios para traslado de dinero a través de canales fuera de sus costas. Los proveedores de servicios locales a menudo solicitan que se efectúen los pagos correspondientes fuera del país. A pesar de que estas prácticas pueden ser dominantes, todavía tienen el potencial de crear violaciones de contabilidad FCPA.
Además, bajo el régimen de moneda actual, si una empresa (o su agente) puede convencer al gobierno que la importación es vital para la economía local, puede obtener una tasa de cambio oficial más favorable para su compra. Esto también incrementa los riesgos de soborno.
La Ley de Precios Justos. La reciente implementación de la Ley Orgánica de Precios Justos [5], publicado en la Gaceta Oficial No. 40.340 del 23 enero del 2014 ha puesto algunas empresas en lo que podría llamarse una situación imposible. Las estructuras de costos están sujetas a un control central, por lo que es difícil para algunas empresas mantenerse rentables. Al mismo tiempo, si la empresa reduce o cierra sus operaciones, se puede correr el riesgo de violar la misma ley, la cual prohibe el “boicot” y “sabotaje” de la economía local. Las empresas que reducen las operaciones normales pueden ser objeto de sanciones como la suspensión de los negocios, la confiscación de bienes, y revocación de licencias de negocios. El personal de la empresa puede ser sujeto a multas penales, incluyendo penas de cárcel. Como resultado, muchas empresas están sintiendo la presión de dos ambas direcciones.
Esta dinámica crea diversos tipos de presiones de negocio, incluyendo las presiones para hacer pagos indebidos. Un empleado podría tener la tentación de sobornar a una autoridad que está amenazando con cerrar las operaciones de su empresa, basado en un miedo de ir a la cárcel. Un abogado local, que quiso permanecer en el anonimato, dijo, “los salarios de las autoridades son bajos y los altos niveles de impunidad significa que están en condiciones de cerrar las empresas si no se cumplen las demandas, lo que puede dar lugar a responsabilidad penal”. El personal de la empresa podría también hacer pagos indebidos para obtener los derechos de aduana reducidos o para obtener las aprobaciones regulatorias para reducir el tamaño de la fuerza de trabajo, en un esfuerzo por reducir costos y mantener un negocio fuera de la zona roja.
FACTORES DE RIESGO INTANGIBLES
El ambiente en la Venezuela de hoy también ha hecho que sea difícil para las empresas locales para llevar a cabo tareas básicas de cumplimiento, y para que las empresas matrices ejerza una supervisión del cumplimiento adecuado de sus subsidiarias locales. Esto ha tenido un efecto intangible con los riesgos FCPA.
Preocupaciones de Seguridad e intimidación. La violencia en Venezuela es alta. La tasa de homicidios de aproximadamente 5,000 en el 1998 ha incrementado [6] a unos estimados 25,000 en el 2013. Cuando la fuerza laboral de una empresa tiene preocupaciones legítimas de su propia seguridad personal, es difícil conseguir que se preste atención especial a los riesgos de corrupción.
Adicionalmente, las personas generalmente tienen miedo de hacer algo que podría alterar al gobierno. La intimidación de las fuerzas de seguridad significa que los empleados pueden no estar cómodos hablando de los riesgos de corrupción en el grupo de capacitación de cumplimiento. La debida diligencia con respecto a terceros se complica cuando la gente teme a compartir información detallada acerca de otras empresas. Las investigaciones internas se frustran cuando los entrevistados se niegan a hablar de las autoridades del gobierno, temiendo que las salas de reuniones podrían tener micrófonos escondidos o que las conversaciones serán compartidas.
La Fuga de Cerebros. Debido a que muchos profesionales talentosos han abandonado el país, las empresas internacionales tienen dificultades para encontrar a personal local calificado para gestionar sus programas de cumplimiento contra la corrupción. No sólo la capacidad local en el cumplimiento corporativo, los controles financieros, y otras áreas clave son cada vez más escasas, las empresas tienen dificultades para encontrar profesionales locales que hablen Inglés y por lo tanto estén en capacidad de comunicarse más fácilmente con Estados Unidos, Europa y otros países. Donde existe el talento, las empresas luchan competitivamente sobre el. Con frecuencia, estos profesionales de cumplimiento también están tratando de salir del país.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor, a título personal, y no necesariamente representan las opiniones de otra persona, incluidas las entidades a las que está afiliado el autor, sus empleadores, otros contribuyentes, FCPAméricas o sus anunciantes. La información del blog FCPAméricas tiene por objetivo el debate público con fines educativos únicamente. Su intención no es suministrar asesoramiento legal a los lectores y no crea un vínculo abogado-cliente. No se desea describir ni transmitir la calidad de los servicios legales. FCPAméricas anima a sus lectores a solicitar asesoramiento legal calificado con respecto a leyes anticorrupción o cualquier otro asunto legal. FCPAméricas da permiso para enlazar, publicar, distribuir o hacer referencia a este artículo con fines legítimos, siempre que se indique su autor y su relación con FCPAméricas LLC.
© 2014 FCPAméricas, LLC