[1]La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta nota invitada es colaboración de José Quiñones, Socio en QIL+4 Abogados en Guatemala.
Se ha generado preocupación de la comunidad de cumplimiento en Guatemala en relación a la decisión del Presidente Guatemalteco de no renovar la Comisión de las Naciones Unidas Contra la Impunidad en Guatemala conocida como CICIG y la prohibición subsecuente de que el comisionado actual regrese a Guatemala (pronto después de su salida del país). La decisión revela una polarización profunda que se mantiene en la población, y este forcejeo e intransigencia impide un esfuerzo para encarar la corrupción como un mecanismo para sustentar una economía estable y un sistema político fortalecido.
CICIG ha operado en Guatemala desde 2007, y su mandato terminaría en Septiembre de 2019. Desde 2015 la Comisión ha incrementado su visibilidad y presentado acusaciones contra la Vice-Presidenta, el Presidente, Congresistas, Ministros, Ex-Presidentes, candidatos presidenciales y personas de negocios vinculados a casos de corrupción.
Muchos ven la decisión del Presidente Jimmy Morales como un duelo y una medida desesperada para detener investigaciones en curso en contra suya por financiamiento electoral ilícito y contra algunos miembros de su familia por casos menores de corrupción y defraudación tributaria. El Presidente ha negado enérgicamente esto en conferencia de prensa. Otros han cuestionada el hecho que casos se han planteado directamente contra conocidos miembros de la comunidad de negocios mientras que otros casos contra actores opacos se mantienen impunes. El hecho que algunos hayan estado detenidos por años en esperas de juicio y sentencia ha levantado una preocupación especial que las condenas vienen más por el descrédito público que resulta de las esperadas conferencias de prensa de CICIG y de la detención provisional, que de las sentencias provenientes de procesos judiciales.
La aparición del Presidente en conferencia de prensa anunciando que no renovaría el mandato de CICIG frente a docenas de miembros del liderazgo militar, así como la presencia de vehículos militares artillados tipo todo terreno frente a la sede de CICIG ha sido criticada como mal concebida por algunos, y como un retorno a los gobiernos militares de los 80s por otros.
Un tanto inesperado fue el hecho que el Presidente parecía no estar actuando solo en su decisión. Previo a ordenar la prohibición de retornar a Guatemala al Comisionado, algunas figuras políticas y personas de negocios expresaron asentimiento frente a la decisión y dieron la bienvenida a una transición de autoridad de la Comisión al Ministerio Público del país. En el transcurso del tiempo, apoyo a CICIG en círculos profesionales y de negocios ha decaído, justo cuando el trabajo de la Comisión se intensificó y se movió de investigar sobornos y apropiación desvergonzada de fondos públicos hacia casos pagos de facilitación y financiamiento electoral no declarado. La opinión publica en círculos conservadores cambió de apoyo irrestricto a agotamiento y escepticismo y finalmente a oposición directa. El Presidente ha intentado buscar apoyo a su decisión aludiendo a valores Cristianos y reprochando que CICIG ha apoyado iniciativas contrapuestas con dichos valores, otro indicador que la división persiste entre habitantes urbanos.
Es indiscutible que mucho puede decirse en cuanto a la selección de casos y métodos utilizados por CICIG. Al mismo tiempo, es incuestionable que el nivel de prosecución y conciencia generado en los últimos 24 meses, no había sido visto en la historia reciente de Guatemala. No obstante los distintos casos que se han planteado, las redes de corrupción existentes y que se han consolidado durante los últimos 25 años, aún mantienen una defensa fuerte y requerirán de presión continua para que la campaña anticorrupción tenga un efecto duradero. Esperemos que la crítica a CICIG no conlleve un regreso a un estado de corrupción incontrolable.
Internacionalmente, CICIG obtuvo apoyo como un experimento novedoso que podría ser replicado como un sistema anticorrupción efectivo para casos delicados. Localmente, logró apoyo de la mayoría de la prensa escrita, algunos empresarios políticamente activos, considerables activistas, así como apoyo limitado de algunos miembros de la Corte de Constitucionalidad quienes han sido cuestionados por su involucramiento en temas más allá de la tutela constitucional. Pero ha faltado apoyo de un movimiento de raíz usualmente necesario para generar un cambio a nivel nacional en contra de la cultura de corrupción. Para la mayoría este movimiento ha sido valioso pero foráneo, involucrando algunos actores genuinamente motivados y otros con agenda más política y oportunista, con el resultado final de marginar parte de la población y restringir el apoyo local a CICIG.
Permanece una pregunta generalizada en cuanto a si el Presidente y sus asesores concibieron una estrategia exitosa de salida que apaciguara las preocupaciones locales e internacionales. Riñas continúan con el Congreso atenuando las penas para el financiamiento ilícito (en esperas de su aplicación retroactiva) mientras CICIG plantea un nuevo caso contra un Ex-Ministro de Gobierno por la tortura y ejecución de prisioneros recapturados en 2005, un caso que la mayoría de Guatemaltecos pensaron estaba cerrado cuando fue absuelto en España y que muchos ven como con una carga política y no una prioridad para el país con elecciones en 2019. Una reciente reforma tenue a las Leyes Electorales probablemente será insuficiente para contener la presión de grupos económicos opacos en un sistema electoral que depende de campañas ostentosas dirigidas a los sentimientos básicos de millones de votantes sin una educación formal.
Nuestra esperanza descansa en que se mantenga un fuerte apoyo al esfuerzo anticorrupción para que esto motive un acuerdo en restablecer un sistema profesional, permanente y bien fundado, percibido y respetado como imparcial en combatir corrupción, independiente de presión política y efectivo en reencausar el país en el camino correcto. Los esfuerzos para aprobar originalmente el acuerdo que dio vida a CICIG duraron muchos meses e incluyeron abundante presión política, así que quizá los próximos capítulos debieran enfocarse más, de manera realista, en construir una CICIG de siguiente generación.
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