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Instituciones anti-soborno corrompidas amenazan al progreso reciente de la anticorrupción en Latinoamérica
10.05.2017
La versión original de este blog post fue escrita en inglés.Esta publicación fue redactada por nuestro escritor invitado Tony Ji. El Sr. Ji es un estudiante en la Facultad de Derecho de Harvard y trabajó como un asociado de Miller & Chevalier durante el verano del 2017.
Una publicación anterior destacó los desarrollos positivos que han habido no solo en la lucha contra la corrupción en Latinoamérica sino que también en las reformas del sector público y los programas de cumplimiento de los negocios. Esta publicación discute una amenaza que podría descarrilar dicho progreso. En este caso, la amenaza es la corrupción que existe entre las autoridades responsables de la lucha contra los sobornos. La posible solución: la colaboración internacional.
Las instituciones anticorrupción, así como las unidades especiales de fiscales y los órganos centralizados de supervisión, tienen un papel importante en cuanto a la promoción de la responsabilidad gubernamental en Latinoamérica. Sin embargo, dichas instituciones y los funcionarios que trabajan para estas mismas no son inmunes a la corrupción.
El caso más reciente sería el del funcionario antisoborno Luis Gustavo Moreno Rivera, el Director Nacional de Anticorrupción en Colombia, que fue desacreditado. Fiscales estadounidenses acusaron a Moreno de conspiración de lavado de dinero en conexión a una maquinación de sobornos. Moreno y su cómplice presuntamente viajaron a Miami para solicitar un soborno de 400 millones de pesos (el equivalente a US$132,000) de un ex gobernador de un estado de Colombia que, a la misma vez, estaba siendo investigado por la propia oficina de Moreno por temas de corrupción. Sin que Moreno lo supiera, el ex gobernador había acordado colaborar con las autoridades estadounidenses. Durante una operación secreta, el ex gobernador grabó conversaciones sobre el soborno y hasta le dio como un anticipo US$10,000 al intermediario de Moreno en el centro comercial “Dolphin Mall” en Miami. Después de esto, Moreno fue arrestado en Colombia y ahora enfrenta a un proceso de extradición a los Estados Unidos.
Instituciones anticorrupción que han sido corrompidas tienen un impacto negativo en los esfuerzos contra la corrupción. Primero, tales instituciones corrompidas erosionan la aplicación significativa de las leyes anticorrupción. En estos casos, los funcionarios corruptos que tienen el poder de investigar y procesar solo aplican la ley: a.) de manera selectiva y b.) en base a qué tan dispuestos están los sospechosos a dar sobornos. Tales funcionarios están en posición para interferir con las autoridades al: manipular las pruebas, despistar a sus colegas y subordinados, y desviar los recursos dedicados a la investigación de sus clientes secretos. Segundo, el soborno de informantes debilita la integridad de las instituciones anticorrupción. La gran ironía en que un par de funcionarios antisoborno sean víctimas de la maldad que ellos mismos tenían que combatir podría perjudicar la confianza del público en tal institución. El temor de una infiltración podría desalentar a los informantes y testigos, lo cual disminuiría el número de pistas útiles para la institución. Tercero, los sobornos dentro de las instituciones anticorrupción plantean dudas en cuanto a la eficacia de la colaboración internacional entre las agencias encargadas de la aplicación de la ley. Colaboradores internacionales pensarían dos veces antes de compartir información si es que sospechan la captura institucional (por parte de las autoridades anticorrupción locales) a través de los sujetos de una investigación. Por último, las instituciones corrompidas prolongan el sentimiento de impunidad entre los infractores. Los sistemas judiciales en muchos países que son sujetos a la corrupción muchas veces son vistos como débiles y cooptadas por intereses poderosos. La mala conducta por parte de los funcionarios antisoborno mandaría el mensaje equivocado a los infractores ricos y bien conectados, los cuales también están acostumbrados a comprar la impunidad con el dinero y el poder.
Pareciera que no existe una solución fácil para los sobornos que ocurren dentro de las instituciones anticorrupción. Un estrategia seria potenciar la colaboración internacional para así purificar las instituciones débiles en ciertos países. De acuerdo a Colombia Reports, el procesamiento de Moreno por parte de las autoridades estadounidenses sucedió contra el telón de fondo de “Peace Colombia,” un pacto bilateral que busca fortalecer los procedimientos de paz y los aparatos estatales de Colombia. Después de la detención de Moreno, el Fiscal General Adjunto los Estados Unidos (Kenneth Blanco) se reunió con su contraparte en Colombia para reafirmar la decisión mutua en usar fuertes instrumentos (como la extradición) para disuadir a los funcionarios corruptos.
La colaboración puede que tome una forma multilateral. Por ejemplo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido bastante exitosa con las investigaciones y los procesamientos de crímenes graves en Guatemala. Patrocinado por las Naciones Unidas, CICIG cuenta con abogados internacionales y opera independientemente de las instituciones estatales guatemaltecas, las cuales muchas veces son propensas a la infiltración por redes delictivas organizadas. CICIG fue una fuerza importante en el descubrimiento de varias maquinaciones de corrupción que involucraron al ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina. Tal descubrimiento llevó a su detención y procesamiento.
Basta con un par de funcionarios anticorrupción corrompidos para entorpecer el progreso excepcional (en cuanto a la reducción de la corrupción) que se ha logrado en los países Latinoamericanos durante esta última década. La colaboración internacional, sea bilateral o multilateral, posiblemente sirva para complementar los esfuerzos nacionales enfocados en fortalecer las agencias anticorrupción, particularmente en los países con una historia de instituciones estatales cooptadas.
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