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La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada o revisada por el autor.
Está ya muy avanzada la adopción de varios de los componentes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El gobierno mexicano enmendó la constitución del país el 27 de mayo del 2015, lo cual permitió que avanzara el SNA. Como parte del SNA, el Presidente Peña Nieto firmó, para convertir en ley, nueva legislación anticorrupción el 18 de julio del 2016. El senado mexicano ahora está supervisando el proceso de selección del nuevo fiscal nacional anticorrupción. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual es un componente del SNA, entrará en vigor el 19 de julio del 2017.
Esta publicación y su segunda parte destacan ciertos aspectos claves del SNA. Recomendamos que las compañías y los individuos que están haciendo negocios en México estén percatados de los siguientes aspectos.
El riesgo considerable de la corrupción en México hace que el SNA sea algo sumamente relevante. México no es como cualquier otro país en cuanto al riesgo de corrupción. México es visto como una de las jurisdicciones con los niveles más altos de riesgo en toda Latinoamérica. Es más, lo bienvenido que los extranjeros se sienten al hacer negocios en México muchas veces tiene el potencial de ocultar los riesgos de soborno que podrían estar en juego. De hecho, México sigue siendo el país dentro de la región que más ha generado casos relacionados con la FCPA. En la Encuesta de Corrupción Latinoamericana del 2016 [2], México fue visto vista como uno de los cuatro países más corruptos de la región, un hallazgo que estuvo en consonancia con la clasificación que tuvo México en las encuestas del 2008 y 2012. Casi la mitad de los encuestados, los cuales trabajan en México, creen que sus compañías han perdido negocios con relación a los competidores que han estado estaban dispuestos a pagar sobornos y solo alrededor del 10% reportó este problema a las autoridades. Más de la mitad de los encuestados creen que la corrupción es un “obstáculo significativo” al hacer negocios en el país. Dado estos tipos de riesgos, el SNA es un desarrollo favorable para la comunidad internacional de negocios.
El papel clave de la sociedad civil de México. En México, las ONGs, los profesores y los expertos anticorrupción han tenido un papel importante en cuanto a la adopción del SNA (tema que se destacó en este artículo [3]). La sociedad civil le presiono a los legisladores estatales de tal manera que tuvieron que aprobar la enmienda constitucional. Estos legisladores diseñaron la legislación del SNA a través de una “iniciativa ciudadana,” la cual le permite a grupos de ciudadanos presentar un proyecto de ley ante en el congreso. Ahora existe un papel central en el SNA para el Comité de Participación Ciudadana, el cual está compuesto por cinco ciudadanos nombrados por el senado quienes, entre otras cosas, actúan como un enlace con las organizaciones no gubernamentales. El primer grupo de representantes de este Comité ha sido ya seleccionado [4] y están creando planes robustos. La participación cercana de la sociedad civil está logrando que haya una presión continua sobre el gobierno mexicano para implementar el SNA y llevarlo a cabo.
La reforma alcanza al gobierno local. Estos días, los niveles más altos del riesgo de corrupción se encuentran a nivel local, donde los funcionarios estatales o municipales crean problemas continuos para los negocios. Como un ejemplo: los que han participado en la reforma actual de energía han encontrado que los funcionarios del gobierno a nivel federal son, la mayor parte, profesionales y limpios y han mostrado un interés personal de lograr implementar la reforma. Pero cuando las compañías empiezan a operar a nivel local, los problemas relacionados con los sobornos empiezan a surgir. Esta evidencia anecdótica es respaldada por los datos. En la Encuesta de Corrupción Latinoamericana del 2016, el 87% de los encuestados que trabajaban en México dijeron que existe una “corrupción significativa” a nivel local y municipal en el país, lo cual es el nivel más alto que ha sido documentado entre todas las áreas del gobierno que fueron encuestadas. Se encontraron niveles más bajos en el poder ejecutivo (62%), el poder legislativo (49%) y el poder judicial (54%). Dado esto, es sumamente relevante que el SNA incluya mecanismos que aborden los actos ilícitos que ocurren a nivel local y municipal. El sistema está diseñado para coordinar los organismos anticorrupción y las otras entidades en todos los niveles del gobierno. Este sistema le da al gobierno federal la autoridad para auditar los fondos federales que se han asignado a los estados, lo cual tradicionalmente representa una cantidad importante de apoyo financiero. Este sistema ayuda a crear la expectativa de que los estados van a establecer sus propios sistemas y fiscales anticorrupción y que los estados tienen los mecanismos de monitoreo en su lugar para así identificar fracasos.
Reglas más estrictas para los funcionarios locales. La impunidad ha sido un problema histórico en México. Muchas veces, los funcionarios locales se encuentran libres de poder involucrarse en las maquinaciones de soborno que tienen un nivel muy bajo de consecuencias negativas. Con las nuevas reglas del SNA, existe la posibilidad de que esta dinámica cambie. De acuerdo al SNA, la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas requiere que los funcionarios públicos divulguen sus declaraciones de impuestos y sus estados de activos y que declaren sus conflictos de interés. Los funcionarios públicos que están involucrados en licitaciones públicas ahora deben de cumplir con protocolos especiales. La nueva estructura jurídica decreta la suspensión, la destitución y las sanciones económicas por los “delitos administrativos graves” cometidos por funcionarios públicos, incluyendo el soborno, la malversación, el mal uso de recursos públicos y la colusión.
La segunda parte de esta serie hablará sobre aspectos del SNA que son de particular importancia para las compañías y los individuos no mexicanos.
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