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La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.
El siguiente artículo invitado es de Timothy O’Toole [2], un miembro de Miller & Chevalier que se enfoca en sanciones, controles de exportación, y otros temas de regulación y de cumplimiento internacionales.
Hace dos semanas, el gobierno de Venezuela tomó una medida dirigida a los Estados Unidos, expulsando a la mayoría de los diplomáticos estadounidenses del país y requiriendo que los estadounidenses obtengan visas para ingresar a Venezuela. Como respuesta, el 7 de marzo de 2015, el presidente Obama emitió una orden ejecutiva que bloqueó la propiedad de siete funcionarios venezolanos de alto nivel, y suspendió su capacidad de entrar a los Estados Unidos. La Orden Ejecutiva contiene una constatación del Presidente de que el gobierno venezolano actual ha erosionado las garantías de derechos humanos, ha perseguido a opositores políticos, ha cercenado libertad de prensa, ha utilizado violencia y violado los derechos humanos de los manifestantes, y se ha involucrado en una “corrupción pública significativa”.
Basándose en estos hallazgos, el Presidente no sólo impuso sanciones contra las personas mencionadas – el bloqueo de activos y la restricción de viajes – sino autoriza que el Secretario del Tesoro de EE.UU, en consulta con el Secretario de Estado de EE.UU, imponga sanciones similares contra cualquier individuo quien se determine responsable o cómplice de, o responsable de ordenar, controlar, o de otra manera de dirigir, o de haber participado en, directa o indirectamente, acciones que socaven las instituciones democráticas, las sanciones contra la libre expresión, las violaciones graves de los derechos humanos”, incluyendo a las personas involucradas en protestas anti-gobierno en Venezuela en o desde febrero 2014″; y o corrupción pública de alto nivel.
La nueva orden ejecutiva también permite la imposición de sanciones contra cualquier persona que el Secretario del Tesoro determine que es un líder de un grupo que participa en la clase de acciones descritas anteriormente y en contra de cualquier persona que ha proporcionado apoyo material, directa o indirectamente, a una persona sancionada o para cualquier persona que ejerza las actividades descritas en la orden (socavar los procesos democráticos, la participación en actos de violencia contra los manifestantes, el impedimento de la libre expresión y la participación en la corrupción pública significativa).
Las siete personas nombradas en la Orden Ejecutiva inicial incluyen a Gustavo Enrique González López, el director general del servicio de inteligencia nacional de Venezuela, y el jefe de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta. La lista de la Casa Blanca también incluye a la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón, quien se encuentra acusada de cargar a los miembros de la oposición de Venezuela con crímenes inverosímiles y/o fabricados.
Es probable que esta lista crezca en las próximas semanas, cuando el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) comience una revisión de otros individuos que califican. Además, es probable que la OFAC provea un criterio más amplio sobre el alcance de las sanciones, ya que la Orden Ejecutiva autoriza al Departamento del Tesoro, en consulta con el Departamento de Estado, a redactar regulaciones para hacer cumplir estas sanciones.
Para las compañías que hacen negocios en Venezuela, existen algunas consideraciones. En primer lugar, las empresas deben revisar cuidadosamente estas sanciones en relación a sus negocios en Venezuela para asegurar que no se encuentren participando en transacciones indebidas con personas sancionadas. En segundo lugar, las empresas que operan en Venezuela deben comenzar a monitorear cuidadosamente las nuevas medidas sobre esta cuestión por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ya que, como la orden sanciones deja en claro, esto es sólo el primer paso de lo que probablemente será un régimen de sanciones creciente para Venezuela.
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