[1]La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.
Para ayudar a comunidades locales en Latinoamérica, las compañías que operan dentro de la región muchas veces hacen donaciones considerables. Construir una escuela, financiar una clínica o la provisión de experiencia técnica, son algunas de las cosas que tienen la capacidad de reflejar la responsabilidad social por parte de las corporaciones. Al hacer negocios cerca de poblaciones que son económicamente desfavorecidas, los proyectos sociales muchas veces pueden marcar la diferencia entre operaciones continuas para la compañía y cortes de carreteras, huelgas de hambre o hasta la violencia.
El apoyo a la comunidad local tiene el potencial de generar problemas con el cumplimiento de la FCPA. Las compañías pueden ser sujetas a una violación de la FCPA si es que sus donaciones se convierten en una cortina de humo para los pagos ilícitos. En el caso de las compañías en los Estados Unidos con obligaciones atadas a las provisiones contables, la ausencia de controles adecuados puede crear la responsabilidad jurídica bajo la FCPA. El DOJ ha opinado sobre los riesgos involucrados en las donaciones comunitarias en sus Comunicados de Opinión 10-02 [2], 06-01 [3], 97-02 [4] y 95-01 [5].
En la práctica, los riesgos relacionados con la FCPA surgen de varias maneras. Las donaciones suelen desviarse y caer en los bolsillos de los líderes locales. Los líderes de las comunidades demandan donaciones como una condición para emitir permisos o cancelar los cortes de carreteras. Los proyectos a veces se ven obligados a seleccionar contratistas que cobran precios inflados, simplemente porque estos son parientes de los funcionarios locales. Las compañías dirigen sus donaciones a partidarios de funcionarios elegidos para ayudarles a esos mismos funcionarios a mantener el poder. Los gobiernos les presionan a las compañías para que le otorguen becas a organizaciones comunitarias pre aprobadas, algunas de las cuales tienen una integridad cuestionable. Todos estos son ejemplos de lo que suele ser una (o varias) condiciones para poder hacer negocios con el gobierno.
Para abordar estos riesgos, se espera que las compañías establezcan procesos que ayuden a garantizar que las donaciones se usen para cumplir con sus objetivos, que sus receptores sean legítimos y que los proyectos en si no creen dudas sobre la integridad. Dependiendo de la magnitud del apoyo y la naturaleza del proyecto, una estrategia de cumplimiento podría incluir los siguientes componentes:
El establecimiento de un plan preestablecido de donaciones con parámetros para las donaciones en sí. Esto hace que la compañía sea menos susceptible a la extorsión u otras presiones por parte de los líderes locales. Cuando un alcalde solicita un beneficio que posiblemente le beneficie, de manera desequilibrada, a sus partidarios, la compañía tiene un fundamento razonable para rechazar la solicitud.
La designación de un equipo que maneje las relaciones comunitarias y que sea un equipo aislado de los intereses comerciales de la compañía. Esto reduce el conflicto que suele surgir cuando las personas de negocios supervisan las decisiones relacionadas con las donaciones. Un equipo que está enfocado exclusivamente en los problemas comunitarios también está bien posicionado para desarrollar un mejor conocimiento de los problemas comunitarios. Dicho conocimiento puede incluir: las necesidades más importantes de la comunidad, las diferentes identidades que forman parte de la comunidad, la responsabilidad de los líderes locales y la dinámica de poder que existe dentro de las comunidades. Tal conocimiento suele ser clave en la ejecución exitosa de un proyecto.
La ejecución de la diligencia debida sobre los receptores para ayudar a entender los riesgos potenciales de la corrupción. Las compañías deberían de determinar si es que un funcionario (o las personas con conexiones con tales funcionarios) están vinculados al proyecto para ver si estos podrían beneficiarse del tal proyecto. Las compañías deberían de asegurarse de investigar y conocer a la organización receptora por temas de integridad.
El establecimiento de un acuerdo escrito con el receptor para concretar la donación y restringir el uso de fondos. Este acuerdo tendría el propósito de aclarar todos los detalles del apoyo acordado, incluyendo detalles de la naturaleza y propósito del proyecto igual que detalles sobre la cantidad que se está donando. Este acuerdo debería de incluir disposiciones de cumplimiento que, por ejemplo: a.) prohiben el pago o la recepción de sobornos, b.) requieren que la organización mantenga registros puntuales de los beneficios, c.) aseguren que las donaciones y la organización receptora cumplan con los estándares de cumplimiento anticorrupción y d.) verifiquen el cumplimiento con las obligaciones del acuerdo de una manera periódica.
La implementación de controles para los pagos y otras donaciones. Donde sea posible, las compañías pueden reducir el riesgo al proveer ayuda en especies en vez de dinero. En el caso de que el apoyo sea monetario, las compañías deberían de transferir este dinero directamente a la comunidad o a las cuentas válidas de la organización gubernamental o al vendedor involucrado (así como un contratista de obras) y claramente grabar la transferencia dentro de los registros y libros de la compañía. El escalonamiento de los pagos también permite el monitoreo temporal y ayuda con la aprobación de futuros pagos si es que reciben buenas evaluaciones.
Una auditoría y monitoreo sobre el uso de fondos y la eficacia del programa. Los empleados de la compañía deberían de verificar que los montos presupuestados (para los gastos de un proyecto) sean razonables y estén basados en la tasa del mercado. También deberían de hacer visitas periódicas a los sitios del proyecto para asegurarse de que haya progreso adecuado y revisar las cuentas para tener un buen entendimiento del uso de los fondos. También deberían de mantener documentación que corrobore el uso apropiado de los fondos, así como reportes con fotos y testimoniales.
Más allá de estos pasos, seguir principios básicos (como la transparencia, estrategias enfocadas en el riesgo, la aplicación de estándares consistentes y la documentación del cumplimiento y los pasos de supervisión) son principios primordiales para la aseguración de que haya controles adecuados. También ayuda a demostrar la falta de intenciones corruptas en lo que suelen ser reuniones y relaciones altamente delicadas.
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