[1]La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Este artículo fue escrito en colaboración con Marina Kovalevskaya [2], Asistente Legal en Miller & Chevalier.
Varias autoridades de diferentes países se preguntan ¿Cómo se responsabiliza a uno de los productores más grandes de petróleo en el mundo por años de corrupción institucionalizada? Los informes de prensa sobre las investigaciones de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (“PDVSA”) ofrecen varias respuestas. Las autoridades persiguen a varios de los ex líderes de la empresa que residen fuera de Venezuela. Dichas autoridades se enfocan en el lavado de dinero así como en los delitos de soborno. Dichas autoridades enjuician a los bancos que ayudaron a estos ex líderes y se enfocan en los demás individuos que estuvieron involucrados en las maquinaciones de soborno. Estas autoridades también colaboran entre si. Las investigaciones sobre PDVSA parecen ser una tarea tan extraordinaria que, hasta ahora, ha involucrado a las autoridades de los Estados Unidos, Andorra, España y Suiza.
Los esfuerzos estadounidenses. De acuerdo al Wall Street Journal [3], las investigaciones actuales, por parte del gobierno estadounidense, están enfocadas en averiguar si es que los líderes del gobierno de Venezuela canalizaron mil millones de dólares a través de PDVSA y si es que dichos líderes también usaron a PDVSA para las “maquinaciones de moneda en el mercado negro y el lavado de dinero procedente de la droga.” En los Estados Unidos, ya se ha declarado culpable a seis individuos.
- 16 de junio del 2016 [4] – El Residente de Texas y dueño de varios negocios basados en los Estados Unidos, Roberto Enrique Rincon Fernandez (“Rincon”), se declaró culpable en el tribunal federal en Houston por un cargo de conspiración de violar la FCPA, un cargo de violar la FCPA y un cargo de hacer una falsa declaración fiscal.
- 22 de marzo del 2016 [5] – En conexión a acusaciones similares, Abraham Jose Shiera Bastidas (“Shiera”), residente de Florida, se declaro culpable por un cargo de conspiración de violar la FCPA y de cometer fraude de transferencia de dinero y por un cargo de violar la FCPA.
- Enero del 2016 [5] – Cuatro individuos se declararon culpables en conexión a las investigaciones del soborno y del lavado de dinero. Esto incluye a tres ex oficiales de PDVSA (todos de ellos residentes de Texas) – Jose Luis Ramos Castillo (“Ramos”), Christian Javier Maldonado Barillas (“Maldonado”), Alfonzo Eliezer Gravina Munoz (“Gravina”) y a un ex empleado de Shiera, Moises Abraham Millan Escobar (“Millan”). Ramos, Maldonado y Gravina se declararon culpables de conspiración de lavado de dinero y admitieron haber recibido sobornos de Shiera y Rincon por haberles ayudado a obtener contratos con PDVSA y por conspirar en blanquear los ingresos de la maquinación de sobornos. Además, Gravina admitió haber hecho falsas declaraciones en su declaración fiscal del 2010 al omitir los sobornos que él recibió. Los cuatro acusados acordaron renunciar al dinero que ganaron a través de sus delitos.
Según algunos informes, el gobierno de los Estados Unidos está investigando otra compañía de energía venezolana – Derwick Associates.
Otros esfuerzos internacionales. Los cargos estadounidenses que se han hecho públicos podrían solo ser el principio. Las maquinaciones de PDVSA podrían desenredarse aún más. En particular, los gobiernos extranjeros también parecen estar intensificando sus esfuerzos.
Las autoridades de Andorra están investigando las transacciones sospechosas que involucran a ciertos oficiales venezolanos. Dichas autoridades han arrestado el CEO de la Banca Privada d’Andorra (“BPA”) por cargos de lavado de dinero supuestamente vinculados con PDVSA. Del mismo modo, la BPA ha estado “en el radar” del gobierno de los Estados Unidos. El 10 de marzo del 2015 la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) nombró [6]a BPA como una institución financiera en el exterior con un riesgo importante en materia del lavado de dinero y emitió un Aviso de Propuesta de Reglamentación. Esta decisión se basó, en parte, en la información relacionada con el papel que BPA tuvo en el lavado de los fondos (de una cantidad de aproximadamente $2 mil millones) que fueron canalizados desde PDVSA. Esta decisión luego fue rechazada [7]por el FinCEN el 19 de febrero del 2016 cuando las autoridades estadounidenses encontraron que el plan correctivo del banco era adecuado.
Según informes [8], las agencias de aplicación de la ley han puesto en marcha una investigación ante el supuesto lavado de dinero y las actividades corruptas que involucran por lo menos tres Viceministros de Venezuela, el ex jefe de inteligencia, un ejecutivo de PDVSA y un hombre de negocios que estaba muy cercano al difunto Presidente Chávez. De acuerdo a las autoridades, estos oficiales y funcionarios son clientes de la filial española del BPA.
El gobierno suizo también a acordado proveer información a las autoridades estadounidenses sobre las transacciones asociadas con PDVSA. Según los reportes, las autoridades suizas han acordado de proveer registros a los fiscales estadounidenses de por lo menos 18 bancos. Dichos bancos estuvieron involucrados en las transacciones que fueron realizadas entre los bancos, los individuos y las compañías supuestamente [9]involucradas en delitos relacionados con PDVSA. La solicitud de información de ocho bancos supuestamente fue recibida por la Sección de Fraudes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la solicitud de información relacionada con los 18 bancos fue recibida por el abogado Preet Bharara. En este momento, no hay ninguna indicación de que la información solicitada ya fue entregada a los investigadores estadounidenses por parte del gobierno suizo.
¿En qué posición queda el gobierno de Venezuela? Entre las investigaciones y los enjuiciamientos, el gobierno de Venezuela repetidamente ha negado las acusaciones de la corrupción generalizada, atribuyendo estas investigaciones a los esfuerzos de desestabilizar a Venezuela – un país que se está enfrentando con una grave crisis económica y política. Algunos creen que los anteriores (y quizás hasta los actuales) oficiales de PDVSA, así como las entidades relacionadas, quizás tengan incentivos para colaborar con las autoridades estadounidenses o de otros países. Esto se debe al hecho de que no está muy claro cuánto tiempo la administración actual va a ser capaz de mantener su autoridad sobre el país. Es posible que una nueva administración decida enfocarse de manera diferente en PDVSA; es decir, enfocándose quizás en la investigación de los previos delitos. Los oficiales quizás calculen que es más beneficioso resolver los delitos previos de manera rápida antes de que la situación se empeore.
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