[1]La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.
Aunque usted no lo crea, una reforma anticorrupción está sucediendo en México. Esto es muy significativo. Como FCPAméricas señaló en el pasado [2], durante años el país ha sido criticado por el Grupo de Trabajo de la OCDE por no moverse lo suficientemente rápido al implementar los cambios legales necesarios para satisfacer sus compromisos en virtud de la Convención Anti-soborno de la OCDE [3]. El presidente de México, Peña Nieto propuso una Comisión Anticorrupción [4] en el 2012 como uno de sus primeros actos después de ser elegido; el plan quedó corto rápidamente. Es cierto que el país adoptó una Ley Anticorrupción Federal en la Contratación Pública [5] fortalecida ese año, pero la ley no abarca lo suficiente [6] como para llegar a compromisos internacionales. El Grupo de Trabajo de la OCDE declaró recientemente [7] que los esfuerzos para aplicar la nueva ley de la contratación pública “no son un éxito total”.
Pero hay fuertes indicios de que una reforma real está en marcha. La adopción de un nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción parece inminente. Esto es lo que las empresas deben saber:
El por qué esta sucediendo ahora: Como se informa en The Washington Post recientemente [8], el país se ha visto sacudido por una serie de grandes escándalos de corrupción. Los medios han estado reportando mucho sobre las indicaciones de que la esposa del Presidente y su ministro de Finanzas recibieron apoyo preferencial en la compra de casas a cambio de la canalización de contratos gubernamentales a través de la misma empresa. El ministro de la Comisión Nacional del Agua fue acusado recientemente de haber utilizado un helicóptero del gobierno para asuntos personales. Las autoridades locales y la policía se ven acusados de conspirar con un cartel de droga en el estado de Guerrero resultando en la desaparición de 43 estudiantes allí.
Como resultado de reportajes como estos, la popularidad del presidente ha caído. Los funcionarios públicos de alto nivel tienen el miedo ser vinculados a las acusaciones de corrupción, especialmente con las elecciones de medio término que se aproximan en junio.
En cierto modo, la dinámica es similar a lo que Brasil experimentó durante el período anterior a la adopción de la Ley de Empresa Limpia en el 2014, documentado por FCPAméricas aquí [9]. En ese país, se necesitó que más de un millón de personas protesten en las calles para alentar a los funcionarios electos en que finalmente adopten la legislación anticorrupción que se había estancado durante años. En México, la presión pública también está llevando a que los funcionarios actúen sobre los planes de reforma que se han discutido durante años.
La diferencia entre las situaciones de México y Brasil podría estar en cómo se expresa la frustración pública. En México, las personas no están saliendo necesariamente a la calle de manera masiva como lo hicieron en Brasil. En vez, las frustraciones se expresan a través de las redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, los efectos parecen ser los mismos.
Lo que la reforma implica: el nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción lograría varias cosas. Crearía una Fiscalía Especial Anticorrupción. Se daría más poder e independencia a los órganos de investigación. Las auditorías de los gastos del gobierno se producirían con mayor frecuencia y alcanzarían los pesos federales gastados en el ámbito estatal. A la Secretaría de la Función Pública (SPF) se le otorgaría poderes anticorrupción administrativos, y su jefe sería designado por la Presidencia y aprobado por el Congreso. Las leyes más cercanas de conflictos de interés requerirían más divulgación por parte de los funcionarios públicos.
En qué estado se encuentra la reforma: El Sistema Nacional de Anticorrupción propuesto tiene elementos que implican al sistema federal de México. Esto significa que el país debe primero enmendar su Constitución antes de que la legislación pueda avanzar. El 26 de febrero de 2015, la Cámara de Diputados de México aprobó la enmienda constitucional. La semana pasada, el Senado también aprobó la enmienda. Este artículo [10] analiza los votos. Parece haber un consenso notable entre los partidos políticos detrás de la iniciativa.
Ahora la enmienda debe ser aprobada por más de la mitad de las legislaturas de todo el país. Ya que México tiene 31 estados y un Distrito Federal, esto significa que se requiere la aprobación de 17 legislaturas. Existe un sentimiento fuerte de que esto va a suceder, sobre todo considerando la presión que sienten los políticos para mostrar los avances de la reforma anticorrupción. Al mismo tiempo, algunos gobernadores no están contentos con la idea de financiar auditorías federales con sus propios fondos.
Una vez que la Constitución haya sido enmendada, el Congreso puede entonces implementar la legislación para el nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción.
Crítica de la reforma: Algunos observadores han criticado [11] la reforma propuesta por no ir lo suficientemente lejos, particularmente con respecto a “Fuero”, un componente histórico de la Constitución mexicana que establece un grado de protección contra el enjuiciamiento para ciertos funcionarios mexicanos. En virtud del artículo 108 de la Constitución mexicana, el Presidente y funcionarios de alto nivel se encuentran limitados en los tipos de delitos por los que se les puede enjuiciar mientras mantengan su cargo. El Congreso mexicano se negó a eliminar esta protección como parte de la enmienda constitucional. Esto ha ocasionado mucho descontento. El hashtag “#FueraElFuero” (“Fuera con el Fuero”), ha sido una tendencia en medios sociales.
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