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Últimas noticias sobre México: Grandes avances en la responsabilidad y transparencia penal corporativa

MexicoMap [1]Nuestro autor invitado es Jonathan Adams, un socio de Baker & McKenzie en la Ciudad de México

El 28 de abril de este año fue cuando la Cámara de Diputados de México aprobó una propuesta de reforma criminal [2] que modifica diez importantes leyes en México. Por la primera vez en la historia de México esta propuesta establece, al nivel federal, la responsabilidad penal direct para las compañías. Aunque esta propuesta todavía tiene que ser aprobada por la Cámara de Senadores, está basada en una versión previa de la misma cual ya fue aprobada por la Cámara de Senadores. El ultimo dia para implementar esta reforma constitucional es el 18 de junio del 2016.

Esta propuesta de reforma criminal tiene el objetivo de implementar una enmienda importante del 28 de junio del 2008, la cual causó que el sistema judicial de México se cambiaría de un sistema inquisitivo (alejándose de sistemas tradicionales de derecho civil, como los de Francia) a un sistema acusatorio (más parecido al sistema de derecho común en los Estados Unidos). La propuesta consiste de más de 200 páginas y crea cambios grandes en muchos de los aspectos del procedimiento penal. Sin embargo, para nuestros clientes, el cambio más importante es la inclusión explícita de “tenerles directamente responsables a las compañías bajo las leyes penales de México” por crímenes desde el soborno, fraude aduanero, daños ambientales, violaciones de propiedad intelectual hasta todo tipo de crímenes financieros.

Tradicionalmente, las sanciones financieras bajo las leyes penales de México no han sido muy altas y tampoco han sido definidas por la nueva ley federal. Sin embargo, las reformas recientes en cuanto a la responsabilidad penal incluyen multas (en lugar de tiempo en la cárcel) para las compañías. Hasta 920 días de las ganancias por cada año en el que hubiera sido encarcelado un individuo.

Dependiendo de la manera en el que se desarrollan los detalles, esta reforma va tener amplias implicaciones para muchas áreas de la ley: esto es un punto de inflexión dentro del panorama jurídico de México.

Otra parte clave del esfuerzo contra la corrupción es el acceso a la información (conocida como la transparencia). En México, esfuerzos actuales relacionados con la transparencia empezaron con el Presidente Fox (del partido PAN) bajo la Ley Federal de Transparencia del 2002, cual creó el Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos (IFAI). El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mostró su compromiso a la transparencia después de recuperar el poder en el 2012, al pasar una enmienda constitucional a principios del 2014 que incluyó gobiernos del estado y del municipio en la ley de transparencia. Además, convirtió el IFAI al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (INAI). La Ley de Transparencia General entró en vigor en mayo del año pasado y implemento mucho de los cambios por mandato constitucional pero dejó la ley del 2002 obsoleto (cual gobernó entidades estatales, incluyendo a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad).

La nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública [3] entró en vigor el 10 de mayo de este año en México. Este mismo vincula temas específicos a las leyes que han sido promulgados desde el 2002, tal como: datos personales, protección de testigos y telecomunicaciones. También establece los mecanismos más sofisticados para clasificar información como ‘reservada’ o ‘confidencial’ y también por la solicitación y conseguimiento de información. Para los esfuerzos de la anti-corrupción del gobierno, los pedazos más importantes de la nueva ley son las obligaciones específicas para entidades estatales, tal como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esperen la continua expansión del acceso a la información con la adquisición de entidades por parte del gobierno, cual por mucho tiempo ha sido identificado por los críticos como un área de riesgo para los negocios con obligaciones dentro del espacio de la anti-corrupción.

Este 30 de mayo, el congreso mexicano no logró aprobar a tiempo a las leyes de anticorrupción. Las normativa de aplicación para las enmiendas de anticorrupción de la constitución fueron aprobadas hace un año. Sin embargo, todavía existe la esperanza (entre miembros del senado) de que llegaran a un acuerdo sobre la normativa de aplicación durante una sesión extraordinaria, de una semana, en la segunda y entera semana de junio.

Varios temas han complicado la aprobación de la ley, pero todavía hay importantes señales de que la ley se pueda aprobar pronto. La presión política sigue aumentado, y el tema está recibiendo bastante cobertura por parte de las noticias del país. Además, aunque el retraso parece ser por falta de la planificación, las razones por el retraso son, en algunos casos, válidas y merecen ser analizadas completamente.

Primero, el movimiento ciudadano (apoyado por el afiliado mexicano Transparency International) esta presionando una ley paralela que les obligaría a los políticos a revelar sus bienes personales, declaraciones de impuestos y intereses pecuniarios que posiblemente entren en conflicto con sus responsabilidades gubernamentales. Segundo, algunos senadores están interesados en incluir cláusulas que incluyan a la corrupción bajo la definición de “crimen organizado” y “desapariciones.” Otros están presionando para incluir todas las leyes (de siete hasta diez de estas) que tienen que ser modificadas para completamente implementar la enmienda constitucional. Finalmente, algunos han tratado de incluir hasta el uso de marihuana en las reformas que han sido discutidas en los foros públicos de este año.

Aunque esta falta de aprobar la ley antes de la fecha designada es una nota de precaución, no debería de ser considerada como una sentencia de muerte para esta reforma. De hecho, hay señales significativas que muestran lo contrario. Por la naturaleza del proceso político, las reformas legales deberían de ser lo más amplio posible para ganar la aprobación de los políticos que representan a grupos específicos.

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