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¿Un Tigre Andino? Riesgos Comunes de Corrupción en Colombia
6.24.2013
Colombia está creciendo tranquilamente. Este año la dimensión de su economía superó la de Venezuela y va rumbo a superar la de Argentina, lo que la ubicaría en el tercer lugar en América del Sur. Las compañías y los empresarios de la vecina y afectada Venezuela acuden en masa a Bogotá, Cartagena y Barranquilla en busca de oportunidades. Las actividades de las FARC se han reducido y la amenaza paramilitar casi ha desaparecido.
En el frente anticorrupción, el país se unió a la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. En el 2011, el gobierno colombiano reformuló una ley clave (el Estatuto Nacional Anticorrupción). Las recientes labores de juicios se tradujeron en el encarcelamiento del ex alcalde de Bogotá por delitos de corrupción. Otros puntos positivos en materia anticorrupción en Colombia se discuten aquí y aquí.
Pero la economía de Colombia sigue siendo riesgosa. En el Índice de Percepciones de Corrupción del 2012 de Transparencia Internacional, obtuvo una calificación de 36 – similar a México (34), Argentina (35) y Perú (38) – donde cero significa “Altamente Corrupto” y 100 significa “Muy Limpio”. En el 2011, el Banco Mundial ubicó a Colombia en el rango de porcentaje de 25-50 para el “Control de Corrupción”, a la par de México y Argentina. Más de 70% de los encuestados en el Sondeo de Corrupción en América Latina del 2012 con experiencia en Colombia señalaron que la corrupción en el país representa un obstáculo “ocasional” o “significativo”.
FCPAméricas recomienda que las compañías busquen asesoría local especializada en amenazas comunes de corrupción. En Colombia, como en la mayoría de los países de América Latina, las contrataciones públicas, los procesos aduaneros, y los requerimientos regulatorios locales generan riesgos persistentes de corrupción. A continuación se presentan otros problemas que los encargados de cumplimiento deberían tener en cuenta:
Efectos del Narcoterrorismo. La comunidad empresarial de Colombia ha sufrido a lo largo de una larga historia de bombas, secuestros y sicariatos relacionados con el narcotráfico. La seguridad del país ha mejorado drásticamente en los últimos quince años, y las amenazas a la seguridad ahora, por lo general, se limitan a las áreas rurales. Sin embargo, los encargados de cumplimiento deberían estar preparados para discutir cómo manejar la corrupción cuando la seguridad personal se encuentra en riesgo.
Además, aunque la violencia por drogas ha menguado, Colombia aún tiene una fuerte y poderosa industria de drogas. Las ganancias de estas operaciones se abren paso hacia la economía general, creando riesgos significativos de lavado de dinero. Las ganancias producto de las drogas también afectan la política, tanto por corrupción como por los grandes esfuerzos necesarios para definir las regulaciones y las políticas. Teniendo estos problemas en mente, las compañías deberían aplicar la debida diligencia a sus homólogos y asociados comerciales.
Interacciones con los Militares. Las compañías que trabajan en áreas rurales, como las compañías de electricidad que realizan exploraciones en busca de recursos o las compañías de telecomunicaciones que construyen torres, están sujetas a mayores riesgos de seguridad. Para manejar estas situaciones, algunas compañías se asocian con el ejército colombiano para que les brinden mayor seguridad. Aunque esas acciones no violan por decir la FCPA, si las compañías pasan fondos directamente a los funcionarios del gobierno, aumentan sus riesgos de corrupción real y percibida. Las compañías deberían implementar una protección especial a tal actividad para asegurarse de que (i) los arreglos queden registrados por escrito, (ii) los fondos vayan a una entidad militar y no a individuos particulares, (iii) la actividad es legal de acuerdo con las leyes locales, (iv) se presten servicios legítimos a cambio de los gastos correspondientes, y (v) se implementen otras garantías de seguridad según sean necesarias.
Gobiernos locales/ Inversiones sociales. Por la combinación de la geografía y las leyes locales, los municipios y las regiones de Colombia funcionan con un alto grado de autonomía. Además, los líderes tribales pueden ocupar cargos públicos que pudieran convertirlos en funcionarios extranjeros según la FCPA. Los encuestados en el Sondeo de Corrupción en América Latina del 2012 con experiencia en Colombia consideraron que los niveles municipales y locales del país representan algunas de las fuentes más significativas de corrupción.
Puede que este hallazgo se relacione con el hecho de que los dirigentes locales esperan que las compañías, especialmente las multinacionales, hagan inversiones sociales como condición para operar en el área. Las compañías que no cooperen pueden enfrentarse a huelgas y barricadas. Aunque construir escuelas y clínicas no necesariamente viola la FCPA, algunos proyectos tienen riesgos significativos, las donaciones benéficas a nivel local pueden ser cortinas de humo para cubrir pagos corruptos y han resultado en cumplimiento previo de la FCPA.
Como se indicara anteriormente, las compañías deberían asegurarse de que las inversiones sociales sean legales en el marco de la ley local, y deberían implementar convenios por escrito para registrar todos los acuerdos con las instituciones y no con individuos. Las compañías deberían investigar a las organizaciones receptoras para asegurarse de que no estén vinculadas con funcionarios locales o sus familiares y deberían crear mecanismos para verificar que los fondos no se desvíen a los bolsillos de los líderes. En la medida de lo posible, las compañías deberían trabajar con las entidades gubernamentales para mitigar cualquier posibilidad de irregularidades.
No Hay Mal Que Por Bien No Venga. Los funcionarios de cumplimiento deberán estar alertas a las buenas noticias y a los riesgos. En Colombia, una consecuencia positiva del lavado de dinero y los riesgos de seguridad es que muchas compañías colombianas tienen marcos de cumplimiento ya en marcha. Tales programas ofrecen una infraestructura institucional que también respaldaría los programas de cumplimiento de medidas anticorrupción.
La versión original de este post fue publicado en inglés el 5 de diciembre de 2012. La traducción es creado por Merrill Brink International.
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Post authored by Matteson Ellis, FCPAméricas Founder & Editor
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