[1]La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.
Han habido muchos desarrollos en Brasil este año en cuanto a los temas de anti soborno. En esta publicación destacamos cinco de los desarrollos más significativos que sucedieron en el 2017.
Directriz para los convenios de indulgencia. Agosto 5 del 2017 fue cuando la 5ta Cámara de Fiscales Federales (el órgano dedicado a la integración y coordinación en la lucha contra la corrupción y responsable de ratificar los acuerdos de indulgencia firmados por los fiscales federales, el cual forma parte de la Fiscalía Federal Brasileña), emitió la Directriz 07/2017 [2] para los acuerdos de indulgencia para los fiscales brasileños. Las directrices ayudan a formalizar, en un documento escrito, ciertas prácticas que los Fiscales Federales han estado adoptando durante las negociaciones de las soluciones y acuerdos que ellos firman en los casos relacionados con el soborno. Las directrices son un desarrollo positivo ya que estas proveen información útil para las compañías y abogados que están negociando sus primeros acuerdos con los Fiscales Federales. Más detalles sobre las directrices se pueden encontrar aquí [3].
Soborno comercial. ENCCLA – la estrategia nacional de Brasil contra la corrupción y lavado de dinero – es un foro dentro del gobierno brasileño que reúne a una gran variedad de agencias involucradas en la prevención y lucha contra el lavado de dinero y la corrupción. Miembros de ENCCLA incluyen a: la Policía Federal, los Fiscales Federales, la Contraloría General (CGU), la Comisión Brasileña de Bolsas y Valores (CVM), entre otras 70 agencias. Cada año, ENCCLA escoge un par de acciones que se han de llevar a cabo a lo largo del siguiente año. La Acción 5 de ENCCLA para el 2018 es “elaborar propuestas de medidas para combatir la corrupción privada.” Esta propuesta originalmente fue sugerida a ENCCLA por parte de el Comité de Cumplimiento del Instituto Brasileño de Derecho Empresarial (IBRADEMP) y será coordinada por la Fiscalía Federal en colaboración con otras autoridades tal como la CGU y CVM. Como resultado de la Acción 5, deberíamos de esperar uno o más proyectos de ley que criminalizan a la corrupción privada y a las sociedades holding que sean responsables de tal corrupción.
Uso de supervisores. Hasta el pasado reciente, no hubieron casos en donde un supervisor fue impuesto como parte de un acuerdo relacionado con el soborno con las autoridades brasileñas. Los primeros casos en donde las autoridades brasileñas de anti soborno impusieron un supervisor fueron en el de Braskem y Odebrecht, en donde el DOJ y el SEC en los Estados Unidos también estuvieron involucrados. A Embraer también le fue impuesto un supervisor, pero esto tuvo que ver con el acuerdo que ellos tuvieron en los Estados Unidos. El acuerdo de indulgencia que fue firmado con J&F Investimentos S.A. (el holding que es controlado por los hermanos Batista) el 5 de junio del 2017 establece que J&F acuerda contratar a un supervisor (al cual se refiere como un “auditor independiente”) para verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por J&F en el acuerdo de indulgencia. Esta fue la primera vez en la que un supervisor fue impuesto por las autoridades brasileñas anti soborno sobre un tema brasileño (no como parte de un acuerdo global). Aún es demasiado temprano para saber si es que el uso de supervisores será una tendencia en Brasil, pero los Fiscales Federales han mencionado que les gusta el concepto de supervisores.
El cumplimiento como un requisito para la contratación pública. El estado de Rio de Janeiro emitió una ley en octubre del 2017 requiriendo que las compañías tengan programas de cumplimiento ya establecidos en el evento de que estas participen en la contratación pública (de contratos con más de 180 días laborables y que superan ciertos umbrales de valor). El no cumplir con esto puede conducir a una multa. El Distrito Federal recientemente ha emitido una legislación similar a esto. Al nivel federal, ENCCLA finalizo un proyecto de ley que será presentada al Congreso (también han preparado un decreto para regular dicho proyecto de ley). Este proyecto va a requerir que los RFP’s de las contrataciones públicas relacionadas con la compra de bienes y servicios, concesiones y arrendamientos de más de R$30 millones (mas o menos USD$10 millones) tengan un programa de cumplimiento certificado. La certificación de los programas de cumplimiento será determinada por los reglamentos.
Nuevas reglas en cuanto al lavado de dinero. En septiembre del 2017, la Policía Federal encontró y capturó R$51 millones en efectivo (casi USD$16 millones) en un apartamento relacionado con un político bajo investigación por temas criminales. Noviembre 20 del 2017 fue cuando el SRI brasileño emitió Normativa 1761 [4], la cual requiere que las compañías e individuos reporten pagos en efectivo desde R$30 mil (casi USD$9.3 mil) en adelante. El número de reportes de actividad sospechosa recibida por el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) también ha estado creciendo durante los últimos años: 1,144,389 en el 2014; 1,382,198 en el 2015; 1,492,690 en el 2016; y 1,502,591 en el 2017.
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