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La elección de Andrés Manuel López Obrador y el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción de México
7.30.2018
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Robert Clark, Gerente de Investigación Legal, TRACE International, desde donde supervisa a un equipo de abogados responsable por la producción de contenido analítico.
El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene una gran variedad de herramientas que desplegar para fomentar su emblemática agenda anticorrupción. Ha propuesto reforzar la transparencia gubernamental, tanto en el proceso de contratación como en el de adquisición a través de divulgaciones financieras mandatorias de los funcionarios públicos. Adicionalmente, ha promovido una mayor involucración de ciudadanos ordinarios por medio de un plan para expandir la habilidad de los individuos de iniciar cargos criminales por corrupción. Medidas adicionales van desde permitir la detención preventiva por crímenes de corrupción hasta combatir el mal uso del sistema bancario y los paraísos fiscales. Además, con la intención de marcar un tono, planea poner al gobierno en una estricta dieta fiscal, la cual incluye la eliminación de las pensiones de ex Presidentes.
Sin embargo, esta ambiciosa plataforma viene con una omisión evidente: ¿qué va a ocurrir con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)? La SNA fue creada como parte de las reformas anticorrupción iniciadas antes de la administración de Peña Nieto por una coalición de actores de la sociedad civil. Fue diseñada como un aparato descentralizado que abarca gobiernos federales y estatales, bajo la guianza del Comité Coordinador, el cual a su vez está integrado por oficiales públicos y representantes de la ciudadanía. No obstante, dos años después de haber sido firmada, la ley está aún lejos de ser implementada en su totalidad.
Uno de los componentes críticos de la SNA es el nombramiento de un fiscal anticorrupción independiente -parte de una Fiscalía General autónoma- que asumiría las funciones del actual Fiscal General. El Congreso aún no nombra un fiscal especial para que maneje los asuntos relacionados a la corrupción, dejando por el momento dicha autoridad en las manos del Fiscal General, por lo tanto, bajo responsabilidad del Presidente.
Seguir adelante con el cambio de autoridad fiscal del Ejecutivo fue una prioridad de varios de los candidatos en las elecciones de la semana pasada, como parte de la tarea de investigar presuntas infracciones de la actual Administración. López Obrador parece dispuesto a tomar una aproximación diferente, reafirmando la habilidad del AG de reprimir la corrupción, mientras deja que cualquier delito del involucrado sea resuelto por un Poder Judicial independiente. Incluso ha llegado a hablar de “reconciliación” como un resultado deseable.
¿Qué debemos hacer de todo esto la comunidad de cumplimiento? Es difícil estar en desacuerdo con los objetivos de López Obrador o dudar de la sinceridad de su indagación. Al mismo tiempo, no deja de haber preocupación en cuanto a la tranquilidad con la que parece descartar la capacidad de las instituciones cívicas -incluyendo la prensa, las cortes, ONGS y la comunidad de negocios- de combatir la corrupción.También ha dado cabida a preocupación sobre a dónde podría llegar su actitud individualista, particularmente en términos de cómo manejaría críticas a sus políticas más preciadas.
No hace falta más que observar la reciente historia de México para entender la naturaleza de estas preocupaciones. Específicamente, se puede examinar la tendencia de ciertos indicadores de corrupción como los presentados por instituciones como el Proyecto de Justicia Mundial, el Foro Económico Mundial, y la Fundación Heritage. (Estos son los indicadores usados para evaluar la “expectativa” de un país en cuanto al soborno para los fines de TRACE Bribery Risk Matrix, el recurso público de mi organización para medir el riesgo de las empresas de encontrar demandas de soborno en cada uno de 200 países).
Figura 1
La información indica una tendencia generalizada hacia un ambiente menos corrupto entre el 2009 y el 2012, seguido por un empinado crecimiento que duraría varios años, llegando a niveles significativamente más altos que antes.
Este hecho es sorprendente en sí mismo. Se vuelve incluso más interesante cuando lo comparamos con la evaluación (realizada por Freedom House) del grado de impedimento del libre reporte político.
Figura 2
Un ambiente ligeramente mejor que el promedio en 2004 se deteriora gradualmente a comparación del resto de la década hasta que el clima político reportado es considerablemente peor que el promedio. Sucede que la segunda mitad de esta transformación ocurre durante el mismo periodo en el cual la corrupción (o al menos ciertos tipos de corrupción) parecen receder.
Dado que la tendencia había empezado casi media década antes, no queda claro si el empeoramiento del ambiente de reporte político fue promovido por esfuerzos gubernamentales de reducir la corrupción. Lo que queda claro es que después de haber llegado a cierto punto, no retrocedió, y los años siguientes se vieron marcados por un dramático incremento en la corrupción.
Si se desea sacar una lección de este análisis superficial puede ser que las restricciones a las libertades civiles en nombre de reducir la corrupción, aún si efectivas a corto plazo, tienen efectos que permanecen incluso cuando las prioridades del gobierno cambian. Una vez que las instituciones que ayudan a vigilar la corrupción se han visto debilitadas, no es fácil traerlas de vuelta cuando son más necesitadas.
A pesar de que López Obrador subirá al poder como un reformista, su apertura a la “reconciliación” con sus oponentes políticos sugiere una apreciación pragmática del valor de la continuidad y estabilidad del orden político. Tal vez también reconocerá la importancia de los ideales del orden civil, y encontrará una manera de construir sobre la base que la sociedad civil mexicana ha realizado al codificar el Sistema Nacional Anticorrupción, en lugar de dejar que esta herramienta potencialmente duradera se empiece a oxidar.
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