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La Ley de Empresa Limpia: Tres prácticas para prevenir el fraude en la contratación pública

Author: Guest Author

LicitacaoLa versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.

Este artículo fue proporcionado por Felipe Ferenzini, senior associate at Trench Rossi & Watanabe Advogados.

La esperada Ley Empresa Limpia de Brasil entró en vigencia el 29 de enero de 2014 y establece reglas estrictas para prevenir la corrupción que ha estado plagando el país. Como resultado del cambio de actitud hacia la aplicación de las leyes anti-corrupción, el país está viendo investigaciones sin iguales en los últimos meses. Entre otras cosas, ha llevado a la detención de muchos altos ejecutivos y a la investigación de unos 50 políticos hasta la fecha.

Las recientes protestas masivas contra la corrupción que involucran a funcionarios públicos han impulsado al gobierno de Brasil a que se avance la regulación de la Ley de Empresa Limpia que se encuentra en espera. El decreto 8420/2015 se publicó el 18 de marzo de 2015 para cubrir dicha brecha.

La nueva ley se extiende más allá de la corrupción, hacia un área de mala conducta que ha sido común en Brasil – el fraude en la contratación pública. La nueva ley también crea el potencial para la reducción de penalidades para las empresas que cuentan con mecanismos eficaces para prevenir el fraude en licitaciones públicas, contratos públicos, y la interacción con los funcionarios públicos. Por lo tanto, las empresas que operan en Brasil deben ajustar sus programas de cumplimiento locales para cubrir normas locales específicas y las condiciones/riesgos de mercado.

En vista de esto, a continuación tres de las mejores prácticas en políticas locales para prevenir el fraude cuando se trata con la Administración Pública de Brasil:

Controles en la definición de las condiciones de la Solicitud de Propuestas (“RFP”): Como regla general, la Administración Pública de Brasil tiene para adquirir bienes y servicios en base a un procedimiento de licitación pública destinado para obtener el número máximo de competidores y el mejor precio posible . Las bases de licitación se definen en la RFP. Es común que el fraude que se cometa dentro de las especificaciones de la RFP de manera que beneficie a una empresa o impida que otras empresas compitan. Debido a que la entidad contratante es responsable de definir los requisitos de la compra, las empresas nunca deben redactar los requisitos en lugar de los funcionarios públicos. Cabe señalar que hacer publicidad de las capacidades y tecnologías de la empresa no es prohibido, pero ciertos controles deben aplicarse para mitigar los riesgos. Por ejemplo, las empresas pueden decir formalmente que los datos entregados a los funcionarios son sólo para fines de información y que no deben reproducir en la RFP.

Selección de “la renuncia y la inviabilidad” en Licitaciones Públicas: La Administración Pública debe adjudicar contratos a través de un procedimiento de licitación competitivo. La contratación directa (por renuncia o inviabilidad) es una excepción. Los casos de renuncia sólo pueden ser aquellos que se definen en la legislación (como casos urgentes derivadas de eventos catastróficos) y la inviabilidad sólo es aplicable cuando la licitación pública no es posible (por ejemplo, el abastecimiento único que no puede ser especifico bajo criterios objetivos). Puesto que tales excepciones permiten que la Administración Pública contrate a un proveedor sin competencia, el mecanismo puede ser utilizado de manera fraudulenta. Además, es importante considerar que la contratación directa es normalmente sujeta a un mayor escrutinio por parte de las autoridades de auditoría de Brasil. De este modo, cada vez que la Administración Pública tiene la intención de contratar en base a estas excepciones, el departamento jurídico de una empresa se debe involucrar para evaluar si se cumplen las condiciones para una contratación directa. Este será un análisis caso por caso.

Evitar la manipulación de ofertas: Las empresas que hacen negocios en Brasil deberían establecer mecanismos para evitar las prácticas colusorias y la manipulación de ofertas, ya que estas prácticas violan las normas de contratación pública. Por ejemplo los empleados, especialmente los que tratan directamente con la Administración Pública, deben ser capacitados periódicamente sobre las normas de contratación y las mejores prácticas referentes a las interacciones entre competidores.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor, a título personal, y no necesariamente representan las opiniones de otra persona, incluidas las entidades a las que está afiliado el autor, sus empleadores, otros contribuyentes, FCPAméricas o sus anunciantes. La información del blog FCPAméricas tiene por objetivo el debate público con fines educativos únicamente. Su intención no es suministrar asesoramiento legal a los lectores y no crea un vínculo abogado-cliente. No se desea describir ni transmitir la calidad de los servicios legales. FCPAméricas anima a sus lectores a solicitar asesoramiento legal calificado con respecto a leyes anticorrupción o cualquier otro asunto legal. FCPAméricas da permiso para enlazar, publicar, distribuir o hacer referencia a este artículo con fines legítimos, siempre que se indique su autor y su relación con FCPAméricas LLC.

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Categories: Brasil, Compliance Anticorrupción, Contratación Pública, Español, FCPA

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