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La Nueva Ley Contra el Lavado de Dinero en Brasil, Dos Años Después
8.21.2014
Este artículo invitado es de Davi Tangerino y Filipe Batich. Son, respectivamente, socio y asociado del grupo de Derecho Penal Empresarial de Trench, Rossi e Watanabe Advogados en São Paulo, Brasil. La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International.
En julio de 2012 se enmendó la ley brasileña contra el lavado de dinero, incluyendo cambios significativos de la ley anterior (consulte aquí un artículo previo sobre dichos cambios). Este artículo destaca algunos de los principales avances que ha habido desde entonces en materia anti lavado de dinero para determinar, como suelen decir en Brasil, si “la nueva ley ha tenido éxito” (se ha cumplido y aplicado plenamente).
Según las estadísticas de COAF – Unidad de Inteligencia Financiera de Brasil, hubo un descenso del 19% en la cantidad de reportes de transacciones sospechosas entre 2012 y 2013 –1.587.427 en 2012 y 1.286.233 en 2013– a pesar de que las enmiendas hechas en 2012 ampliaron la lista de personas naturales y jurídicas obligadas a reportar transacciones sospechosas (los llamados guardianes).
En 2013, el sector financiero tuvo la mayor cantidad de reportes (75%), seguido por las loterías y rifas (12%), seguros y pensiones (9%) y transacciones relacionadas con bienes raíces (2%). Fue insignificante la cantidad de reportes presentados por los nuevos guardianes –con respecto a quienes venden bienes de lujo, promueven o median en transacciones relacionadas con atletas profesionales, notarios públicos y asociaciones comerciales, etc.
¿Qué podría haber causado estos resultados?
La respuesta podría tener que ver con los problemas comunes de Brasil: (i) el Estado no ha podido presentar la estructura y las obligaciones que requiere la nueva ley inmediatamente o en un tiempo razonable; y (ii) ha tomado mucho tiempo redactar las ordenanzas que regulen la implementación de la nueva ley. Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia aún no emite las ordenanzas relacionadas con quienes negocian con productos agrícolas y ganaderos ni con aquellos vinculados a transacciones que involucran a atletas profesionales; ambos importantes sectores de la economía brasileña.
En particular, la COAF ha revocado una serie de ordenanzas promulgadas antes de las enmiendas de 2012, pero aún no las ha sustituido. Este atascamiento podría relacionarse con el desarrollo de un enfoque de riesgos para cada sector vinculado por las obligaciones anti lavado de dinero, según recomienda el Grupo de Acción Financiera – FAFT. Para acelerar el proceso, la Unidad de Inteligencia debería aumentar la cantidad de profesionales encargados de tales desarrollos. Debería abrir nuevas oficinas en las principales ciudades de Brasil para facilitar el contacto y la comunicación entre las instituciones financieras y negocios y profesiones designados no financieros. Tales cambios contribuirían, además, con la inspección y aplicación de la ley.
Además, con la enmienda a la ley hecha en 2012, ciertas ordenanzas anteriores promulgadas por la COAF ahora deberán sustituirse por las normas de las agencias profesionales o de regulación que se aplican a los nuevos guardianes. Pero muchas agencias se niegan a actualizar las normas actuales, especialmente para ajustarse a las 40 recomendaciones del FAFT, establecer controles sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP); y obligar a sus miembros (por ejemplo, el Colegio de Abogados de Brasil – OAB) con deberes anti lavado de dinero.
Una cantidad significativa de nuevas personas obligadas a reportar actividades sospechosas no tiene conocimiento de sus nuevas obligaciones, particularmente los negocios y profesiones designados no financieros, tales como aquellos que venden bienes de lujo y prestan servicios de consultoría. Por ejemplo, la nueva ordenanza exige que la industria de “bienes de lujo” implemente una política de Conoce a tu Cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y registre cualquier transacción que supere los diez mil reales brasileños (aproximadamente US$ 4.500). Pero sigue siendo difícil encontrar entidades de este sector que cumplan con tales obligaciones.
Considerando lo anterior, parece que mejorar y aplicar las nuevas normas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Brasil dependerá última instancia de: (i) la ampliación de la estructura de la Unidad de Inteligencia Financiera de Brasil; (ii) la pronta actualización de las ordenanzas relacionadas con los deberes anti lavado de dinero siguiendo las recomendaciones de FAFT y de conformidad con la Ley; y, especialmente, (iii) la implementación de controles y políticas para prevenir el lavado de dinero por parte de los nuevos profesionales y compañías obligados a reportar actividades sospechosas. Los sectores público y privado tendrán que adoptar la ley contra el lavado de dinero para que la misma pueda finalmente tener éxito.
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